Estos días es tema de actualidad el asunto de la financiación autonómica, los cambios que parece ser son necesarios hacer, las reivindicaciones en este sentido de Cataluña, la opsición de otras comunidades que exigen un trato similar…

          Desde mi desconocimiento e ignorancia sobre todo ello me hago una serie de reflexiones:

1. Creo qué, efectivamente, las condiciones han cambiado desde el momento en el que se estableció, en los artículos 156 a 158 de nuestra Constitución, y en la legislación al respecto, básicamente la Ley Orgánica de 22 de septiembre de 1980, la Ley de 27 de diciembre de 2001 y las modificaciones posteriores. Una de las circunstancias que más inciden en esta nueva situación ha sido, en mi opinión, el cambio de población en cada una de las Comunidades Autónomas.            http://www.meh.es/Portal/Normativa+y+doctrina/Normativa/NormativaResultados?normativa=Financiacion%20Territorial:Autonomica.                                                                     
2. Por otra parte, en España existen dos modelos de financiación perfectamente diferenciados, el régimen común y el régimen foral. Y a su vez, dentro del régimen común, Canarias posee un régimen econñomico y fiscal especial por razones históricas y geográficas, que se hareglado teniendo en cuenta las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ultraperiféricas.  Análogamente, Ceuta y Melilla también son casos especiales.
3. Cada Comnidad Autónoma, además de los recursos que proporciona el sistema de financiación, disponen de otra serie de recursos: tributos propios, transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, fondos de la Unión Europea, posibilidad de endeudamiento, etc.
4. La financiación de las comunidades autónomas gira en torno a un concepto clave: el principio de solidaridad recogido en la Constitución española. El objetivo es, por tanto, velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio. Creo personalmente que este principio de solidaridad debe ser en el sentido de las consecuencias sociales, especialmente en la redistribución de los recursos para garantizar el estado del bienesta mínimo a aquellos sectores que más dependen de los servicios públicos, ya que los que los que tienene más capacidad económica siempre peden acudir al sector privado. Por consiguiente, opino que el problema del actual sistema de financiación no es el conflicto territorial que provoca, y en el que se centran los políticos y responsables autonómicos, sino en las enormes desigualdades sociales que produce.
5. En estos servicios públicos juegan un papel fundamental la sanidad y la educación, y no puede aceptarse que estos se pongan en peligro por una mera batalla de intereses políticos. No puedo entender como se habla alegremente de bajadas de impuestos, de privatizaciones, de cesión de determinadas prestaciones a empresas privadas no importando, en ningún caso, la pérdida de asistencias sociales, limitándose luego a echar la culpa al Estado central y no asumiendo las carencias y la mala gestión de las propias instituciones autonómicas.  Por todo ello, creo que va siendo hora de que cada Comunidad Autónoma asuma su propia responsabilidad, actualizando el nuevo sistema de financiación y quedando las necesidades sociales garantizadas por la administración central.